La plataforma de vehículo eléctrico y conectado, NaVEAC, ha elaborado un estudio sobre la idoneidad de sustituir 362 vehículos de las flotas del Ayuntamiento de Pamplona / Iruña y de ocho sociedades públicas dependientes del Gobierno de Navarra. La medida evitaría la emisión a la atmósfera de emisiones contaminantes de CO2 y, en algunos casos, sería económicamente rentable.
El informe considera, entre otros aspectos, la conveniencia económica, la rentabilidad, la rebaja de emisiones o el orden de idoneidad en el cambio sobre un total de 362 vehículos pertenecientes al Ayuntamiento de Pamplona y las sociedades públicas dependientes del Gobierno, Nasertic, GAN, NICDO, NILSA, INTIA, TRACASA, CNAI y NASUVINSA.
El equipo redactor del informe ha partido de las necesidades compartidas en la gestión de las flotas públicas y ha elaborado un modelo de buenas prácticas así como una prospección de cuál podría ser la mejor vía para incorporar la movilidad sostenible a las flotas públicas. A partir de ahí, se ha aportado un primer perfil de 362 vehículos. De estos, se han descartado el 25 %, la mayoría todo terrenos de gran tamaño, por no existir equivalentes en el mercado.
Igualmente, para determinar la conveniencia económica de migrar a un modelo eléctrico se han calculado los costes de adquisición y explotación, la repercusión que tienen las subvenciones o la conveniencia de comprar el vehículo en propiedad o bien acceder a él mediante otras fórmulas como renting o leasing.
Subvención y mantenimiento
En el caso de poder acogerse a las dos ayudas públicas ofrecidas, la subvención del Plan MOVES del Ministerio o desgravación fiscal del 30% aplicada en Navarra a la compra de vehículos eléctricos, el precio de adquisición de los estos sería menor que el de los de combustión. Los gastos de explotación (combustible y mantenimiento) serían también menores.
Con una de las dos ayudas, los desembolsos totales se igualarían a los de motor de combustión lo cual ya justificaría el cambio.
En el caso de la electrificación de furgonetas, el segundo segmento más prevalente entre las flotas de las sociedades públicas, con 75 de 268 vehículos estudiados, podría resultar competitiva incluso sin ayudas gracias a sus menores gastos de explotación, así como el bajo precio de partida que representan con respecto a los vehículos eléctricos. El estudio también considera que el modelo de batería en alquiler es más ventajoso que en propiedad, aunque el coste total pueda ser ligeramente superior.
Por otro lado, la fórmula de alquiler o renting/leasing se valora como la más adecuada por la comodidad que aporta en los pagos. Si la necesidad es comprar el vehículo, el leasing es la mejor alternativa. En aquellos casos en los que solo se pretenda adquirir un servicio de movilidad, el renting sería la mejor solución.
Por lo que respecta a las emisiones, basándose solo en la adquisición de 40 vehículos eléctricos para la flota de INTIA (sociedad pública de innovación en el sector agroalimentario), la rebaja alcanzaría las 63 toneladas de CO2 anuales emitidas directamente a la atmósfera. Esto supone, con un contrato de renting a 4 años, la posibilidad de dejar de emitir a la atmósfera 252 toneladas de emisiones contaminantes.
Finalmente, el estudio también ha facilitado a las entidades públicas varias herramientas para analizar el orden de idoneidad de electrificación teniendo en cuenta factores como el uso (kilómetros al día, tiempos y lugares de parada o recorridos habituales) o los costes asociados a la recarga en términos de potencia y potencia contratados. Referido a este caso, la recomendación es usar las tarifas eléctricas que realizan discriminación horaria, en concreto, la tarifa Peaje 2.0 (DHS).
